La Habana, 19 jun (RHC) Las entidades que forman parte de la alianza Pueblo Unido por la Vida de Panamá reanudaron este miércoles sus protestas contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, la cual afecta los beneficios de jubilación de los ciudadanos y privatiza muchos de sus servicios pese a la narrativa del Ejecutivo.
Varios grupos que demandan la anulación de la normativa de pensiones también se unen a las comunidades indígenas, que han sido reprimidas por las fuerzas antidisturbios y el Servicio Nacional de Fronteras.
Hace cuatro días, el Gobierno comenzó en el territorio de Bocas del Toro la operación Omega con el objetivo de reabrir una decena de puntos que posteriormente son recuperados por los residentes. La víspera, el subdirector de la Policía Nacional, Jorge Domínguez, comunicó que un individuo murió debido a una lesión en la espalda, sin proporcionar más detalles.
Desde el pasado 14 de junio, el distrito de Almirante se ha convertido en uno de los pilares de la resistencia de los habitantes frente a la fuerza pública, en contra de la normativa y también de un acuerdo suscrito con Estados Unidos, que perjudica la soberanía nacional, de acuerdo con los grupos.
Según fuentes oficiales, existen más de 15 puntos de cierre entre Almirante y Chiriquí Grande, y el mismo número para Changuinola.
Autoridades locales y parientes de los arrestados reportan que en los hogares se están llevando a cabo detenciones de individuos que no estaban involucrados en los cierres, lo que ha causado incomodidad entre la población.
Además, condenan la utilización excesiva de gases lacrimógenos en áreas con viviendas y negocios, a pesar del llamado de la Defensoría del Pueblo a prevenir un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y a la población a prevenir acciones violentas.
Según sus portavoces, el movimiento popular convocó el próximo viernes a una marcha desde el parque Urracá, en la capital, hasta la plaza 5 de mayo, ubicada cerca de la Asamblea Nacional (parlamento), en solidaridad con las comunidades de Bocas del Toro y Arimae, en Darién, que fueron víctimas de una violenta represión policial.
El coordinador nacional del Frente por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), Jorge Guzmán, denunció que, debido a los ataques a manifestantes por medio del aire, el mar y la tierra, más similares a acciones militares, existen varios heridos, algunos de gravedad.
